La Ley 20.393 en esencia establece que las personas jurídicas serán responsables de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho y otros delitos se agregan en tiempo a funcionario público nacional y extranjero que fueran cometidos directamente en beneficio de la Compañía, por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración o supervisión o trabajen en cualquier parte la estructura de la organización, siempre que la comisión del delito fuere consecuencia del incumplimiento, por parte de la Compañía, de los deberes de dirección y supervisión.